Aviso legal

El sitio web cortesadvisory.com (en adelante, el «Sitio») es titularidad de la marca comercial Cortés Real Estate Advisory, bajo la que ejerce su actividad profesional el titular del despacho, abogado en ejercicio y gestor de inversiones inmobiliarias, con domicilio profesional en Madrid y ámbito de actuación en toda España.

Titular

Carlos Antonio Cortés Labadía, con NIF 51118655M, titular de la marca comercial Cortés Real Estate Advisory y responsable del despacho de abogados y gestión de inversiones inmobiliarias.

Actividad

Asesoramiento jurídico inmobiliario, operaciones de inversión (flipping, cambio de uso, desarrollo urbanístico, compraventa) y gestión de patrimonio y propiedades.

Domicilio profesional

Calle Pastora Imperio, 7, Madrid, España

Correo electrónico

corteslabadia.jpc@gmail.com

Teléfono

+34 671 320 220

Colegiación

Abogado en ejercicio, colegiado n.º 138267 del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM). Los datos registrales completos se facilitan en toda hoja de encargo profesional.

El acceso al Sitio atribuye a quien lo realiza la condición de «Usuario», que acepta las presentes condiciones de uso desde el momento en que navega por cualquiera de sus páginas.

El Sitio tiene carácter informativo sobre los servicios profesionales que ofrece el titular. La información publicada —incluidas las descripciones de servicios, procesos, plazos, rentabilidades y casos— se facilita a título orientativo y no constituye asesoramiento jurídico, financiero ni fiscal personalizado mientras no exista una relación profesional formalizada por escrito entre el titular y el cliente.

Ninguna decisión de inversión debe adoptarse exclusivamente a partir del contenido del Sitio. Cada operación o asunto requiere un análisis individual que el titular realiza tras conocer las circunstancias concretas del caso.

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El titular ejerce la abogacía, profesión regulada en España, y figura inscrito como abogado en ejercicio con el número de colegiado 138267 del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM,icam.es). La colegiación y el estado de alta pueden verificarse ante el ICAM o a través del Censo General de Letrados del Consejo General de la Abogacía Española (abogacia.es).

En el ejercicio profesional resultan de aplicación, entre otras normas, el Estatuto General de la Abogacía Española (Real Decreto 135/2021), el Código Deontológico de la Abogacía Española, la Ley 2/1974 de Colegios Profesionales y la Ley 17/2009 sobre libre acceso a las actividades de servicio. El titular está sujeto al secreto profesional y cuenta con el seguro de responsabilidad civil profesional exigido para el ejercicio de la abogacía; sus datos concretos se facilitan a petición del interesado.

Con carácter previo a la contratación de cualquier servicio se facilita al cliente información sobre el alcance del encargo, los honorarios o criterios de cálculo, los gastos y suplidos previsibles y la duración estimada, que se formalizan en la correspondiente hoja de encargo, conforme a la Ley 17/2009 y a la Ley 34/2002 (LSSI-CE).

Cuando el cliente tenga la condición de consumidor y la contratación se realice a distancia o fuera de establecimiento, dispondrá del derecho de desistimiento en los términos previstos en el Real Decreto Legislativo 1/2007, salvo que el servicio se haya ejecutado íntegramente con su consentimiento previo y expreso.

El Usuario o cliente puede dirigir cualquier queja o reclamación al correo corteslabadia.jpc@gmail.com, que será atendida en el plazo más breve posible. Asimismo, puede acudir al servicio de atención al cliente o a la comisión deontológica de su Colegio de la Abogacía.

Conforme al Reglamento (UE) 524/2013, los consumidores residentes en la Unión Europea disponen de la plataforma europea de resolución de litigios en línea, accesible en ec.europa.eu/consumers/odr.

Estas condiciones se rigen por la legislación española. Para la resolución de cualquier controversia derivada del uso del Sitio, las partes se someten a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, salvo que el Usuario tenga la condición de consumidor, en cuyo caso será competente el fuero que legalmente le corresponda.